MinIgualdad: 5 %, COP 469.000 millones y COP 171.000 millones | Colombia Clara

Una guía desde cero para entender por qué desaparece el Ministerio de Igualdad, qué se está investigando y qué permiten afirmar —y qué no— los documentos públicos.

2026-09-17

Si nunca ha seguido la historia del Ministerio de Igualdad y Equidad, hay tres cosas que necesita saber antes de mirar las cifras. Primero, el Ministerio fue creado en 2023 para coordinar políticas dirigidas a reducir desigualdades y atender poblaciones históricamente discriminadas o en condiciones de vulnerabilidad. Segundo, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que lo creó, pero aplazó los efectos de esa decisión para evitar un cierre inmediato que pudiera afectar políticas públicas y poblaciones protegidas. Tercero, en junio de 2026 comenzó formalmente su liquidación. Es en ese proceso de cierre donde aparecen las preguntas sobre ejecución presupuestal y contratación que analiza esta investigación.

El 3 de septiembre de 2026, el liquidador del Ministerio presentó un informe con tres cifras de gran impacto: dijo que estaban bajo revisión más de 60 contratos por cerca de COP 469.000 millones, que más de COP 171.000 millones se concentraban en un solo contratista y que en 2025 apenas se había ejecutado el 5 % de la inversión. Colombia Clara separó las tres afirmaciones porque cada una mide algo distinto y requiere una verificación diferente.

¿Las tres cifras centrales del informe del liquidador pueden reconstruirse con documentos públicos y conservan el mismo significado cuando se revisan presupuesto, contratación y actuaciones de los organismos de control por separado?

La pregunta de esta investigación

Qué era MinIgualdad y por qué está desapareciendo

La Ley 2281 de 2023 creó el Ministerio de Igualdad y Equidad como organismo nacional encargado de diseñar, coordinar y ejecutar políticas para contribuir a eliminar desigualdades económicas, políticas y sociales, combatir la discriminación y proteger a poblaciones vulnerables o históricamente marginadas. La discusión que terminó con la ley no fue una decisión judicial sobre si esos objetivos eran convenientes, sino sobre la forma en que la ley había sido tramitada.

En la Sentencia C-161 de 2024, la Corte Constitucional concluyó que la creación del Ministerio había sido aprobada sin cumplir adecuadamente el análisis de impacto fiscal exigido durante el trámite legislativo. La Corte declaró inexequible la Ley 2281, pero difirió los efectos durante dos legislaturas para evitar una desarticulación inmediata de las políticas dirigidas a sujetos de especial protección constitucional. La propia sentencia estableció que, al terminar la legislatura 2025-2026, la ley dejaría definitivamente de producir efectos.

El 19 de junio de 2026, el Decreto 626 ordenó formalmente la liquidación del Ministerio. Desde entonces la entidad pasó a llamarse Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación y recibió un plazo inicial de un año para completar el cierre.

Qué significa que un ministerio esté en liquidación

Liquidar una entidad pública no significa que todas sus obligaciones desaparezcan de un día para otro. Quedan contratos, pagos, bienes, expedientes, trabajadores y operaciones pendientes que deben cerrarse o transferirse ordenadamente. El Decreto 626 prohibió al Ministerio iniciar nuevas actividades propias de su objeto y conservó su capacidad jurídica para realizar actos, operaciones, convenios y contratos necesarios para la liquidación.

El decreto estableció además una regla específica para FonIgualdad, el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial. El Fondo permanece temporalmente en cabeza del Ministerio en liquidación y puede culminar operaciones, contratos y obligaciones en curso, siempre que ello no implique ampliar el objeto, iniciar actividades nuevas o continuar programas distintos de los que ya estuvieran debidamente iniciados.

Que un contrato se haya firmado después del inicio de la liquidación puede justificar una revisión, pero no demuestra por sí solo una ilegalidad. Para evaluarlo hay que establecer qué financiaba, si la operación ya estaba debidamente iniciada y si encaja dentro de las actividades permitidas durante la liquidación.

La fecha de un contrato no basta para declararlo irregular

El 5 %: una cifra correcta que necesita una explicación

La cifra del 5 % puede reconstruirse con una fuente primaria: el Informe de Gestión 2025 del propio Ministerio. El documento registra para inversión una apropiación vigente de COP 360.155.164.044, compromisos por COP 360.130.640.124 y obligaciones y pagos por COP 18.659.384.236.

Para un lector no especializado, la diferencia entre esas etapas es esencial. La apropiación es el monto presupuestal autorizado. El compromiso reserva recursos para una obligación, por ejemplo mediante un contrato o convenio. La obligación reconoce que el Estado ya debe pagar una suma. El pago es el desembolso efectivo. Confundir esas etapas puede producir conclusiones muy distintas a partir del mismo presupuesto.

Valores reportados por el Ministerio de Igualdad y Equidad. Las obligaciones fueron iguales a los pagos, por lo que la visualización muestra una sola barra de pagos para evitar duplicar el mismo valor.

Inversión 2025: cuánto estaba disponible, comprometido y pagado

Etapa presupuestal

Valor en pesos colombianos

Los compromisos equivalían a aproximadamente 99,99 % de la apropiación de inversión. Los pagos y obligaciones equivalían a aproximadamente 5,18 %. Por eso ambas cifras pueden coexistir sin contradecirse.

Dos porcentajes describen dos momentos distintos

Esto cambia la lectura de la frase 'solo se ejecutó el 5 %'. Si por ejecución se entienden los pagos u obligaciones frente a la apropiación, el dato está respaldado por el informe. Si el lector entiende que solo el 5 % del presupuesto había sido comprometido, la interpretación sería incorrecta: prácticamente toda la apropiación de inversión ya estaba comprometida. Lo que muestran las cuentas es una brecha muy grande entre recursos comprometidos y recursos efectivamente obligados o pagados.

Los COP 469.000 millones: contrato no es lo mismo que proceso

La segunda cifra del informe del liquidador se refiere a más de 60 contratos por cerca de COP 469.000 millones. Para verificarla encontramos un antecedente publicado el 25 de junio de 2026: una tabla divulgada por Daniel Briceño y reproducida por Infobae que sumaba exactamente 62 procesos contractuales por COP 469.548.712.431.

La similitud numérica es fuerte, pero la composición de la tabla introduce una diferencia decisiva. No eran 62 contratos adjudicados. Había 38 procesos adjudicados, 16 en curso, seis fallidos, uno sin adjudicar y un acuerdo de cofinanciación sin documentos.

Estado o categoría

Número de procesos

Valor

Cómo se componían los 62 procesos reportados en junio de 2026

La distinción importa porque un proceso contractual puede terminar adjudicado, fracasar, quedar sin adjudicar o continuar abierto. Que un proceso tenga un valor estimado no demuestra que ese dinero haya sido efectivamente contratado o pagado. Por eso no es metodológicamente correcto transformar automáticamente el universo de 62 procesos en 62 contratos adjudicados.

El comunicado del liquidador no publica la lista de identificadores que componen sus 'más de 60 contratos'. Para demostrar que el universo de septiembre es el mismo de junio habría que cruzar, uno por uno, los números de proceso o contrato. La coincidencia del monto no sustituye ese cruce.

Qué falta para cerrar esta verificación

Los COP 171.000 millones y la pista de Laborando S.A.S.

La tercera afirmación del liquidador dice que más de COP 171.000 millones estaban concentrados en un solo contratista. Las fuentes públicas recuperadas apuntan hacia Laborando S.A.S., una empresa de servicios temporales vinculada a varios contratos de suministro de personal para FonIgualdad.

Noticias RCN reportó el contenido de una advertencia de la Contraloría referente a cinco contratos suscritos con Laborando S.A.S. por un valor total de COP 140.910.903.849. Según esa información, los contratos tenían como objeto el suministro de personal en misión y la Contraloría identificó un riesgo que debía seguir siendo evaluado. La propia advertencia, según el medio, aclaró que no comprometía la posición del organismo en futuros ejercicios de vigilancia y control fiscal.

Caracol Radio reportó después otro contrato entre FonIgualdad y Laborando S.A.S. por COP 30.275.999.986 para vincular hasta 1.270 personas. La suma de esa cifra y los COP 140.910.903.849 reportados anteriormente es COP 171.186.903.835, un resultado compatible con los 'más de COP 171.000 millones' mencionados por el liquidador.

Para confirmar la concentración de COP 171.000 millones falta demostrar que el contrato por COP 30.275.999.986 no estaba ya incluido, total o parcialmente, en el universo de cinco contratos por COP 140.910.903.849. Las fuentes recuperadas no permiten resolver ese posible solapamiento.

Una coincidencia aritmética todavía no es una prueba completa

Por qué se contrató personal cuando el Ministerio ya estaba cerrando

El contrato de aproximadamente COP 30.276 millones llamó la atención porque fue conocido cuando el Ministerio ya estaba en liquidación. Sin embargo, la fecha no resuelve por sí sola la cuestión. Caracol Radio informó que la contratación buscaba garantizar la continuidad del programa Jóvenes en Paz, atender a jóvenes que ya se encontraban en su ruta, disponer de equipos territoriales y realizar el cierre administrativo. El medio señaló además que los recursos ya estaban comprometidos.

Esa explicación es relevante porque el Decreto 626 permite culminar operaciones, contratos y obligaciones en curso de FonIgualdad. Pero tampoco convierte automáticamente el contrato en jurídicamente regular: para eso hay que establecer si la contratación concreta cumplía los límites del decreto. La Procuraduría abrió una indagación previa relacionada con el contrato para establecer las circunstancias y posibles responsables.

Una advertencia de la Contraloría identifica un riesgo; una indagación previa de la Procuraduría busca establecer qué ocurrió y quién podría ser responsable. Ninguna de esas actuaciones, por sí sola, equivale a una decisión definitiva de responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal.

Indagación no significa culpabilidad

Qué sabemos hasta ahora

El 5 % sí puede reconstruirse a partir del Informe de Gestión 2025 cuando se comparan obligaciones o pagos de inversión con la apropiación vigente; al mismo tiempo, cerca del 99,99 % de esa apropiación ya estaba comprometida.

Existe un antecedente público de 62 procesos por COP 469.548.712.431, pero ese universo mezclaba procesos adjudicados, en curso, fallidos y sin adjudicar. No puede tratarse automáticamente como 62 contratos adjudicados.

Cinco contratos con Laborando S.A.S. fueron reportados por COP 140.910.903.849 y otro contrato con la misma empresa por COP 30.275.999.986. Su suma coincide con la magnitud de COP 171.000 millones, pero falta demostrar que los universos no se solapen.

Las advertencias, denuncias e indagaciones existentes justifican control y verificación, pero no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad o corrupción demostrada.

La evidencia pública no permite reducir este caso a una sola cifra. El presupuesto muestra que casi todos los recursos de inversión estaban comprometidos pero solo una fracción había llegado a obligaciones y pagos. La contratación muestra un universo cuantioso, pero exige separar procesos de contratos efectivamente adjudicados. Y las actuaciones de los organismos de control muestran preguntas relevantes sobre la contratación, no una sentencia anticipada sobre sus responsables.

La información que todavía hace falta

Para cerrar las dos verificaciones contractuales principales hace falta un insumo concreto: la relación oficial de los más de 60 contratos o procesos que componen los cerca de COP 469.000 millones y el detalle de los contratos que el liquidador utilizó para calcular la concentración superior a COP 171.000 millones. Con esos identificadores sería posible cruzar los expedientes, establecer fechas, valores, estados, adiciones, pagos y contratistas sin depender de coincidencias de montos.

Hasta que ese inventario sea público o pueda reconstruirse contrato por contrato, el estándar más riguroso es mantener separadas las tres conclusiones: el 5 % necesita contexto presupuestal; los COP 469.000 millones necesitan un inventario comparable; y los COP 171.000 millones necesitan descartar solapamientos. Fiscalizar no consiste en escoger la cifra más contundente, sino en mostrar exactamente qué evidencia la sostiene y dónde termina lo que puede probarse.

Metodología

Esta investigación tiene fecha de corte del 17 de septiembre de 2026. Se priorizaron fuentes primarias para el marco jurídico y presupuestal: Sentencia C-161 de 2024, Decreto 626 de 2026, Informe de Gestión 2025 y comunicado oficial del Ministerio en liquidación. Para cifras contractuales cuya documentación primaria completa no fue recuperada se usaron medios que reproducen tablas, contratos o actuaciones de organismos de control y esa limitación se identifica expresamente. Los porcentajes presupuestales fueron recalculados a partir de los valores originales. No se trató una denuncia, advertencia o indagación como equivalente a una declaración de responsabilidad.

Fuentes principales